«Desde julio se perseguirá divulgar contenidos íntimos por internet»

·         «Internet es segura, aunque hay delitos que no se perciben de la misma manera que en la realidad»

·         Javier Fernández Teruelo Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo

Catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo ofreció el pasado jueves una conferencia en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés en la que abordó el tema de la seguridad en internet, un mundo apasionante donde aclara mitos y riesgos.

Avi CSU JAVIER FERNANDEZ TERUELO ©Foto Marieta

Avi CSU JAVIER FERNANDEZ TERUELO ©Foto Marieta

¿Internet es insegura o existe la seguridad de la realidad?

En principio es segura, pero tiene la peculiaridad de que no se percibe la misma inseguridad que en la calle. Existen delitos graves como la pornografía infantil o estafas que se perciben claramente, pero no en otros casos, donde habría que adoptar las mismas medidas de prevención que en la realidad.

LAS CLAVES

DELITOS ECONÓMICOS «Se ha mejorado mucho gracias a medidas como el envío de los mensajes a teléfonos móviles»

PORNOGRAFÍA INFANTIL «Representa la mitad de las investigaciones y empezamos a tener problemas jurídicos»

CALUMNIAS «Es un delito que apenas ha cambiado. La clave es la percepción del anonimato de las personas»

Uno de los mitos de la red es su anonimato. ¿Es cierto?

No, lo cual no quiere decir que en ocasiones sea muy difícil detectar al autor. Al conectarte a la red se asigna una IP, una especie de dirección, a la conexión o el ordenador. Con la autorización judicial, como sucede en la persecución de la pornografía infantil, la policía puede identificar el punto donde se realizó la conexión. No se garantiza que se localice al 100%, pero puede acercarse mucho ya que hoy en día hay pocas redes abiertas.

¿Tan importante es que la red sea abierta o no?

La clave es que la conexión se realice identificando al ordenador o el lugar donde se realiza. Hay ‘hackers’ que pueden romper esa identificación, pero incluso en las ciudades con wifi, como Avilés, se identifica a las personas que navegan. También en los hoteles se identifica a la persona. Hace años era un auténtico descontrol. En Londres, desde los coches se aprovechaban de las redes abiertas en la City para cometer delitos de tipo económico.

Esa seguridad depende de la conexión, donde los usuarios son pasivos. ¿Qué puede hacer un internauta para evitar riesgos?

Lo primero es conectarse a una red segura, si tiene wifi contratar que sea cerrada, con clave de acceso. Y luego depende de los servicios a los que accedes. Los más problemáticos son los de tipo económico. En la banca ‘on-line’ se ha avanzado mucho con el envío de mensajes a los móviles. Ha reducido mucho los delitos. Ha sido clave para la seguridad. También es importante el ‘On Screen Keyboard’, ese teclado que sale en la pantalla y que se mueve cada vez que introduces datos.

Pero puede cansar, ¿no es seguro utilizar el teclado?

El problema es un troyano ‘key logger’, que copia todo lo que escribimos y luego lo recibe el infractor. O que se haga una captura de pantalla. Serviría un buen antivirus para defenderse de él. El ‘phising’, esos envíos pidiendo las claves, está en declive porque cada vez es menos eficaz.

¿La divulgación de contenidos íntimos es el otro gran problema?

Los delitos contra la intimidad plantean varios problemas y situaciones. El Código Penal castiga la difusión de contenidos íntimos de tipo sexual, pero lo primero es ver cómo se consigue esa información y luego su difusión. Hasta ahora no se castigaba la divulgación de los contenidos grabados con consentimiento. Existe una doctrina del Tribunal Supremo que señala que si una persona no se ha preocupado de proteger un secreto o su intimidad no puede evitar que se divulgue.

Pero, ¿qué sucede cuando una pareja graba su sexualidad de acuerdo y, tras una ruptura, una de las partes la divulga?

Hasta ahora se aplica la doctrina del Supremo. Si se aprueba la reforma del Código Penal que actualmente se tramita en las Cortes, a partir del 1 de julio cambiará. Al ser una reforma del Código Penal no tendrá efectos retroactivos. Irá en contra de los ordenamientos de otros países europeos, pero se castigará la difusión de contenidos íntimos, incluso los grabados con consentimiento de la persona. Es una reforma que surgió a raíz del caso de Olvido Hormigos.

Es un ejemplo de que los avances tecnológicos obligan a una modificación legal.

Pero las personas también tienen que ser conscientes de que cuando se fotografían o graban en video no sabrán lo que sucederá en el futuro. No hay que perder esa perspectiva, con la particularidad de que esos mensajes pueden permanecer toda la vida.

¿No existe el derecho al olvido?

Se ha aprobado recientemente y Google lo aplica. Es muy importante porque es el buscador mayoritario, pero no el único. Y la red de araña de internet puede provocar que esos datos aparezcan en otro sitio. Por ejemplo, ForoCoches, donde hay muchos contenidos de tipo morboso, en agosto de 2014 tenía 120 millones de mensajes activos y no usa Google como buscador.

Aún no hemos hablado de pornografía infantil.

Representa la mitad de las investigaciones. Es donde se concentran todos los esfuerzos, también en los adultos que intentan contactar con un menor, en ocasiones haciéndose pasar por él. También se persigue la posesión de la pornografía infantil, donde empezamos a tener problemas jurídicos.

¿Por qué?

Inicialmente se perseguía la pornografía donde aparecían menores. Pero ya se plantea la persecución de la tenencia de cómics, incluso de películas donde aparezcan adultos haciendo de menores. Incluso se habla de perseguir obras literarias de ficción donde aparezcan menores.

Me habla de ‘Lolita’.

El problema es que, con esos planteamientos, se castiga la representación de un menor, no que exista un daño a un menor y se trate de un tema de moral sexual más que de evitar daños a los menores.

¿La defensa de la propiedad intelectual es una batalla perdida?

Se perdió con la Ley Sinde-Wert, pues no se consiguió terminar con ella. Son fundamentales las webs de enlace de contenidos. La mayoría de los contenidos se encuentran en servidores en países extranjeros con una legislación permisiva. Las webs de enlaces carecen de contenidos pero permiten acceder a ellos. La anterior legislación no consiguió terminar con ellas. La nueva Ley de Propiedad Intelectual persigue desde enero de 2015 la existencia de esas webs, con métodos drásticos y por la vía civil para todos los que intercambien contenidos protegidos.

Pero eso pone a todos los usuarios en el punto de mira.

Es una de las preocupaciones, pero no se hará porque son millones de personas. Pero permite la persecución de los titulares de las webs de enlaces por la vía civil. Muchas ya están cerrando. Cierto que tienen el truco de situar las webs de enlace en el extranjero, aunque obligará a profesionalizarse. Se verá el resultado. Mi impresión es que se adaptarán y se seguirán descargando contenidos protegidos.

¿Y ofrecer esos contenidos con calidad y precios asequibles?

Ya los hay, como Spotify. No sé si ese es el problema. Tengo la impresión de que se ha instalado una cultura de la gratuidad que es muy difícil de erradicar. Si te lo ofrecen a dos euros, pero luego lo tienes gratis, seguirás yendo a este. Y temo que muchos ya ni recuerdan lo que cuestan los discos porque no compran muchos. Cuando se dice eso, me parece más una coartada. El problema es tecnológico porque es un sistema contra el que es muy difícil luchar.

¿Injurias y calumnias han cambiado mucho con la red?

Son delitos clásicos, que apenas han cambiado en el Código Penal. No existen diferencias significativas con internet. Aquí la clave es la percepción del anonimato. Una persona se porta de una manera que no lo haría en otros ámbitos porque piensa que es anónima. Hay muy pocas sentencias para el volumen de atentados contra el honor que se ven en Internet. Habría que movilizar muchos recursos y el sistema los concentra en la lucha contra la pornografía infantil y la defensa de la propiedad intelectual.

Fuente: El Comercio

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